El Grupo Municipal Socialista de Baza considera inapropiado el comunicado difundido desde los canales institucionales del Ayuntamiento en relación con el contrato del servicio de recogida de perros y gestión del centro de acogida de animales.
Acudir a los tribunales para que se revisen decisiones administrativas es un derecho reconocido por la ley y una herramienta normal de control democrático. Ejercerlo no puede presentarse ante la ciudadanía como un ataque al Ayuntamiento, a sus trabajadores ni al funcionamiento de la administración.
El origen de este asunto se encuentra en el cambio del modelo de gestión del servicio, que ha pasado de gestión directa a gestión indirecta. Desde nuestro grupo entendemos que una decisión de este alcance debe ser debatida y aprobada por el Pleno municipal, órgano de representación de todos los vecinos. Sin embargo, la tramitación se realizó mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, lo que ha motivado la discrepancia jurídica planteada.
Con anterioridad se solicitó la revisión del acuerdo por las vías administrativas correspondientes, sin que existiera un pronunciamiento que resolviera el fondo de la cuestión, motivo por el cual se acudió posteriormente a la jurisdicción contencioso-administrativa para que sea un órgano judicial quien determine si el procedimiento seguido es correcto.
Desde el Grupo Socialista queremos dejar claro nuestro respeto absoluto a los funcionarios municipales, cuyo trabajo es independiente de las decisiones políticas y nunca ha sido cuestionado por esta formación. El debate planteado se refiere exclusivamente a la forma en que se adoptan determinadas decisiones políticas y administrativas.
Lamentamos que se utilicen medios institucionales para personalizar un asunto jurídico ordinario y trasladarlo al terreno de la confrontación política. La discrepancia es legítima en democracia, pero debe tratarse con prudencia y respeto, evitando interpretaciones que puedan confundir a los vecinos.
Nuestro objetivo es únicamente garantizar la transparencia, la participación de todos los representantes públicos y la correcta utilización de los recursos municipales. Cuando exista una resolución judicial definitiva, será el momento de valorarla.
Mientras tanto, pedimos responsabilidad para no convertir un procedimiento legal habitual en un enfrentamiento innecesario entre instituciones y representantes públicos.