EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PIDE LA DIMISIÓN DE DOS CONCEJALES DEL EQUIPO DE GOBIERNO POR LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL DE PRESUNTO ACOSO LABORAL A UNA TRABAJADORA

El grupo municipal socialista sorprendido por la información aparecida en los medios de comunicación acerca de las diligencias previas iniciadas contra dos concejales del Ayuntamiento de Baza, por un presunto delito contra la integridad moral hacia una funcionaria municipal. Los ediles, responsables de las áreas de Agricultura y Personal, han sido citados a declarar en calidad de investigados.

La funcionaria del Ayuntamiento de Baza denunció haber sufrido sobrecarga laboral debido a la falta de personal, lo que afectó su salud y la llevó a solicitar la baja médica. Durante su ausencia, recibió presiones para reincorporarse, a pesar de las indicaciones médicas en contra. Al volver, fue reasignada a la perrera municipal, a pesar de un informe que lo desaconsejaba, y se le abrió un expediente por presunto incumplimiento de funciones, lo que agravó su situación.

Ante estos hechos, el PSOE solicita la dimisión inmediata de los concejales implicados, creemos que su permanencia en el cargo es incompatible con la gravedad de las acusaciones y el compromiso ético que deben mantener los representantes públicos. El PSOE considera que esta medida es necesaria para garantizar la integridad de la institución municipal y la confianza de la ciudadanía en sus gobernantes.

Además, ponemos de manifiesto la importancia de que el Ayuntamiento mantenga una relación con sus trabajadores basada en el respeto y la dignidad de la persona, es fundamental asegurar entornos laborales saludables y respetuosos en las administraciones públicas. Instamos al equipo de gobierno a implementar mecanismos efectivos para la protección de los derechos de los trabajadores y para prevenir situaciones de acoso laboral.

El Ayuntamiento de Baza ha sido señalado como responsable civil subsidiario en este proceso judicial. Hasta el momento, no se ha emitido una declaración oficial por parte del alcalde o de los concejales implicados.

Este caso pone de relieve la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y actuación frente al acoso laboral en las instituciones públicas, garantizando el bienestar y la dignidad de todos los empleados municipales.