Desde el Partido Socialista de Baza expresamos nuestra profunda preocupación por la grave situación que atraviesa el sistema de atención a la dependencia en nuestra comarca. La falta de recursos, los retrasos injustificados y la desatención a muchas familias que aún esperan una prestación reconocida por ley son motivos de alarma. Según datos oficiales del IMSERSO, Granada es una de las provincias andaluzas más afectadas, con más de 9.500 personas en lista de espera para recibir ayuda por dependencia. De ellas, 5.500 aún no han sido valoradas y 4.000 ya lo han sido, pero no han recibido ningún servicio ni ayuda. Esta situación provoca un sufrimiento innecesario y una carga emocional y económica enorme para muchas familias del norte de la provincia.
En nuestros municipios, la realidad es alarmante. Recibimos continuamente testimonios de familiares agotados, cuidadores sin apoyo y personas mayores que llevan más de año y medio esperando una valoración o una ayuda mínima para vivir con dignidad. Hay casos en los que personas han fallecido sin haber sido atendidas. El deterioro del sistema no solo se debe a la carga administrativa, sino también a la falta de compromiso presupuestario por parte de la Junta de Andalucía. Mientras el Gobierno de España ha incrementado su aportación en un 62% desde 2020 (de 272 a 735 millones de euros en 2024), la Junta andaluza ha recortado recursos esenciales: en 2022 redujo más de 51 millones y en 2024 dejó de ingresar 29 millones correspondientes a la cofinanciación.
Este déficit se traduce en menos recursos para los ayuntamientos, menos horas de ayuda a domicilio y mayores demoras en la atención. Además, el PSOE de Baza denuncia el retraso en los pagos de la Diputación de Granada, que aún no ha ingresado los fondos correspondientes a abril para garantizar el servicio de ayuda a domicilio. Esta situación pone en riesgo la continuidad del servicio y el empleo de muchas trabajadoras del sector.
La Ley de Dependencia establece un plazo máximo de 180 días para resolver un expediente, pero en Andalucía la media ha alcanzado los 574 días, frente a los 342 días de la media estatal. Esto no solo es ilegal, sino también profundamente injusto. Desde el PSOE de Baza exigimos al equipo de gobierno del PP en el ayuntamiento que se dirija a la Junta para que actúe con responsabilidad, dote de medios humanos y técnicos a los servicios sociales y ponga fin a esta situación que genera una fractura en la equidad del sistema de protección social en nuestra ciudad y comarca. No puede ser que, dependiendo del municipio donde vivas, tengas más o menos derechos. Esta discriminación territorial condena a las zonas rurales al abandono.
Cuidar a quienes más lo necesitan no puede depender de criterios políticos. Hablamos de derechos, dignidad y justicia social. Las personas dependientes no pueden seguir esperando.