El PSOE de Baza valora de forma positiva la admisión a trámite, por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, del recurso presentado en relación con la adjudicación del servicio de recogida de animales abandonados.
Esta decisión judicial supone un paso importante, ya que permitirá que el asunto sea analizado por el tribunal y que se estudie una cuestión que afecta directamente a la legalidad, a la transparencia y al correcto funcionamiento del Ayuntamiento de Baza.
Desde el PSOE de Baza queremos subrayar que este recurso se ha planteado después de que, por la vía administrativa, no se entrara a analizar el fondo del asunto. Es decir, no se dio respuesta a las cuestiones de legalidad planteadas sobre el procedimiento, lo que ha obligado a acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa para que sea la justicia la que examine el caso con plenitud.
Del mismo modo, queremos dejar claro que este recurso no afecta a la prestación del servicio, que continúa desarrollándose con normalidad. La iniciativa judicial no va dirigida contra la atención que se presta, sino a que se esclarezca si la adjudicación y el procedimiento seguido por el Ayuntamiento se ajustaron plenamente a la legalidad y a las garantías exigibles en la contratación pública.
Entre las cuestiones de fondo que deberá analizar la justicia se encuentra el cambio en la forma de gestión del servicio, al haberse pasado de un modelo de gestión directa a otro de gestión indirecta, una decisión que, a juicio del PSOE de Baza, exigía la aprobación previa del Pleno del Ayuntamiento y no podía adoptarse al margen del máximo órgano de representación municipal.
Para el PSOE, la oposición no solo tiene el derecho, sino también la obligación de fiscalizar la acción del gobierno municipal, velar por el interés general y actuar cuando existan dudas razonables sobre un procedimiento administrativo, especialmente cuando se trata de contratos públicos.
En este caso, el recurso plantea una cuestión de fondo muy relevante: si un concejal de la oposición puede ejercer su labor de control y defensa de la legalidad aunque no forme parte del órgano que haya adoptado una determinada decisión. Entendemos que limitar ese derecho supondría restringir la participación política y debilitar la función de control democrático dentro de las instituciones municipales.
Desde el PSOE de Baza queremos dejar claro que nuestra actuación ha estado guiada en todo momento por la responsabilidad, el interés público y el deber de defender una gestión municipal ajustada a la legalidad. No se trata de una cuestión personal, sino de garantizar que las decisiones del Ayuntamiento se adopten con transparencia, con respeto a la normativa y con pleno sometimiento al control democrático.
Por ello, mostramos nuestro respeto a la actuación de la justicia y nuestra confianza en que este procedimiento sirva para aclarar los hechos y reforzar la seguridad jurídica en la gestión municipal.